|
| |
Torturados demandan justicia
por Pascale Bonnefoy
FUENTE: PiensaChile.com http://www.piensachile.com/
Reproducción autorizada de Noticias Aliadas, 6 de mayo 2003
FECHA: 11 de mayo del 2003
"¿Alguien cree que efectivamente puede lograr justicia una persona que fue
golpeada brutalmente hace 27 años?", preguntó el ministro del Interior, José
Miguel Insulza, ante la acción legal presentada en febrero del 2001 contra el
general de la Fuerza Aérea, Hernán Gabrielli, por haber torturado a prisioneros
políticos cuando era un joven oficial en el norte de Chile en 1973.
Dos años después, el 31 de enero pasado, el mismo Insulza recibía un informe de
Luciano Fouillioux, el recientemente renunciado director del Programa de
Continuación de la Ley 19.123, aprobada en 1992 para ejecutar las
recomendaciones de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR). En
ese documento, Fouillioux desglosa líneas a seguir para tomar acciones de
reparación, luego de 13 años de gobiernos civiles, con el estimado medio millón
de chilenos que sufrieron torturas (NA, Ago. 26, 2002).
La CNVR, creada en 1990 y más conocida como la Comisión Rettig, consignó las
violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte durante la dictadura
militar (1973-1990), pero no nombró a los responsables de dichas violaciones, ni
registró los otros múltiples atropellos cometidos por agentes del Estado en ese
periodo: exilio, relegación, prisión, despidos laborales por razones políticas,
y torturas.
En su informe, Fouillioux plantea que de todas las violaciones a los derechos
humanos durante el régimen del general Augusto Pinochet, la más extensa fue la
tortura, por el número de víctimas, y que el Estado poco o nada ha hecho para
asumirlo, a diferencia del tema de los exonerados (despedidos tras el golpe por
motivos políticos), exiliados, y ejecutados o desaparecidos, que sí han tenido
"un tratamiento político, legislativo, judicial y reparatorio en general; el
torturado, nada de ello obtiene hasta ahora".
No es gratuito el hecho de que el gobierno esté recién -aunque tímidamente-
abordando el tema de la tortura como un problema de Estado y sociedad, y tampoco
nació por iniciativa propia. Fueron los torturados quienes se organizaron y
comenzaron a presionar al gobierno para que tomara medidas de sanción y
reparación para con ellos, cuyo número real nunca se ha determinado.
"El documento del gobierno puede mejorarse, pero es valioso ya que esta primera
acción del gobierno en pro de los torturados se logró por presión de la sociedad
civil. Todas las demás iniciativas -medidas de reparación a exonerados,
exiliados y familiares de desaparecidos y ejecutados- han partido desde el
gobierno y consensuadas con la derecha y las Fuerzas Armadas", afirma Juanita
Aguilera, ex presa política quien sufrió torturas, e integrante de la directiva
de la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT).
La detención de Pinochet en Londres en octubre de 1998 gatilló a muchos ex
prisioneros políticos de su régimen a revivir sus experiencias, y desembocó en
la creación de la Agrupación de Ex Presos Políticos (NA, Mayo 3, 1999). Los ex
detenidos abordaron muchas veces el tema de la tortura, y de ahí que un grupo de
ellos, junto a académicos, religiosos, sicólogos y más de 20 organizaciones
sociales y de derechos humanos, crearan la CECT en marzo del 2001.
Lo primero que hizo la CECT fue pedir una reunión con el gobierno, sobre la base
de que la tortura era un tema no resuelto que involucraba al Estado y a la
sociedad en su conjunto, por cuanto ésta no se podía erigir sobre la impunidad y
la negación de lo ocurrido.
"Los torturadores están libres, trabajan en los organismos de gobierno, el
Congreso, las empresas y en las Fuerzas Armadas. La marginalización social de
los torturados es diametralmente opuesta al bienestar del que gozan nuestros
torturadores", afirma Aguilera. "La gente no quiere reconocer que existió la
tortura. Hay torturados que no quieren hablar nunca más de lo que les pasó, y el
Estado ha hecho todo lo posible para que la gente se olvide".
Además de las secuelas físicas, psíquicas y emocionales de la tortura, la
pérdida de sus fuentes de trabajo y estudios, y ser estigmatizados por la
sociedad, que aún no los reconoce como víctimas, en muchos casos a los
torturados también les fueron negados sus derechos civiles y políticos, por el
hecho de tener un "prontuario" vigente hasta el día de hoy.
A diferencia de lo que ocurre con los torturadores que mantienen todos sus
derechos, muchas de las víctimas, debido a sus "antecedentes", nunca han podido
votar en elecciones locales, legislativas o presidenciales, ni pueden trabajar
en la administración pública ni en medios de comunicación, entre otras
restricciones.
Tampoco han sido resueltas demandas por el "daño moral" infligido a personas
detenidas, torturadas y/o expulsadas de sus trabajo, como la presentada en
diciembre del 2002 por la Agrupación de Ex Prisioneros y Exonerados Políticos en
contra del Estado chileno por US$28.1 millones ante la Corte de Apelaciones de
Santiago, ni la de 400 ex prisioneros políticos interpuesta siete meses antes.
Igualmente nadie ha sido procesado ni condenado hasta el momento por actos de
tortura.
La CECT ha entregado al gobierno cinco informes sobre tortura, y el 12 de julio
del 2002, representantes de la organización se reunieron con el presidente
Ricardo Lagos, quien se comprometió a impulsar una comisión gubernamental que
analice el tema de la tortura durante la dictadura y busque vías de reparación.
El 14 de agosto, la CECT presentó al gobierno su propuesta para la creación de
una Comisión Investigadora de Verdad, Justicia y Reparación para víctimas de la
tortura, que "elabore un registro oficial de las víctimas de tortura o tratos
crueles, inhumanos o degradantes, para proceder a su ulterior reivindicación
moral, reparación material y rehabilitación en los casos que corresponda,"
argumentando que "la única forma de prevenir eficazmente la recurrencia del
terrorismo de Estado y la tortura es a través de la sanción de aquellos crímenes
y de la reparación integral de sus víctimas".
También solicita que se incorpore la temática de los derechos humanos en la
malla curricular del sistema de educacional; que quienes han practicado la
tortura sean inhabilitados para ejercer cualquier cargo en el aparato del
Estado; y que se garantice el tratamiento médico y psicológico para los
torturados, de acuerdo a la Convención Internacional Contra la Tortura, de la
cual Chile es signatario.
|
