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Derechos jorobados
por Arnaldo Musa
FUENTE: www.elhabanero.cubaweb.cu/2002/abril/nro354_02abr/com_02m211.html
FECHA: 27 de abril del 2002
La historia de América Latina está plagada de opresiones y represiones, de
gobiernos De facto y de otros que, aunque supuestamente democráticos, se
comportan como verdaderas dictaduras.
Los derechos humanos han sido -y siguen siendo- frecuentemente dejados de lado,
como ideales bonitos, pero molestos en épocas de conflictos internos.
En todas estas cuestiones, cuando se nos pide un ejemplo de violación de los
derechos humanos, pensamos en el Chile de Pinochet. Pero la situación allí, en
forma más sutil, se sigue heredando.
A pesar del monopolio informativo del Gobierno, la derecha y la extrema derecha,
nuevos antecedentes y acciones de denuncia se producen ante los crímenes del
período pinochetista, mientras que en esferas oficiales se mantiene un silencio
cómplice, en tanto coadyuva a la carrera armamentista en la región con la compra
de aviones de guerra.
Tal es la desidia, que aún no ha aparecido el expediente judicial con los
antecedentes de remoción de osamentas de detenidos desaparecidos en Cuesta
Barriga, documento anteriormente archivado en 1986 por la aplicación de la
amnistía a personeros militares implicados en asesinatos durante la dictadura.
En Cuesta Barriga fueron sepultados clandestinamente Fernando Ortiz, Horacio
Cepeda, Reinalda Pereira, Luis Lazo y Fernando Navarro, pero solo fueron
identificados dos de ellos. Las excavaciones fueron ordenadas por un juez de
apellido Carreño, calificado por los familiares de las víctimas como "un buen
excavador, pero no un buen juez".
Nunca solicitó antecedentes al Ejército y la Armada, instituciones castrenses
responsables de los delitos señalados, y rechazó abrir un sumario al respecto.
Es decir, un juez protector de los criminales que debiera investigar y
sancionar.
Pero de esto está lleno el Chile de hoy, y quizás se haría interminable redactar
todas las situaciones que se derivan de ello. Al respecto, destaca la querella
presentada en la Corte de Apelaciones de Valparaíso en contra del ex dictador
Augusto Pinochet por el asesinato del sacerdote Miguel Woodward, quien fue
torturado hasta la muerte en el buque-escuela Esmeralda.
El asesinato del sacerdote implica los delitos de homicidio calificado,
secuestro calificado, asociación ilícita, terrorismo de Estado, inhumación y
exhumación ilegales. Es un crimen en el que la justicia ha tenido un papel
pasivo y marcado por una evidente protección a los victimarios.
Y todo ello a pesar de las pruebas y antecedentes que se lograron reunir
mediante una labor intensa de familiares y profesionales, todo contenido en el
libro Sangre sobre la Esmeralda, de Edward Crouzet.
Ahora se sabe que el sacerdote "murió por las torturas que se le aplicaron en el
Esmeralda, seis o siete horas después de haber sido detenido. Fueron tan
brutales las torturas que vivió pocas horas. No hubo proceso ni cargos, ni
compareció ante ningún tribunal, no hubo condena ni nada".
Woodward era un sacerdote que vivía en la población Progreso y que se dedicaba a
ayudar a los pobladores. En su crimen estuvieron implicados "jefaturas de zona
de la época, jefaturas de servicios de Inteligencia, personal del cuerpo de
Infantes de Marina que efectuaron la detención, oficiales de esa época del
Esmeralda", acusó el abogado Sergio Concha.
El Caso Woodward es una gota de agua en el turbulento mar chileno de los
crímenes más flagrantes contra los derechos humanos.
Esos derechos jorobados por personeros de aquella época, que aun disfrutan de la
opulencia mal adquirida en esta, y que cuentan con el silencio cómplice de
quienes se consideran limpios, "porque no participaron".
La acción de la poderosa maquinaria ideológica que controlan quienes realmente
detentan el poder, reduce a la mínima expresión la voz de los defensores de los
derechos humanos y de los familiares de las víctimas.
Es algo que sucede en todas las esferas de la vida nacional. Así, en las
expresiones oficiales campea el pensamiento unipolar de aquellos que se unen en
el quehacer político, para satisfacer sus particulares intereses.
Tal es el caso de la reciente compra de aviones de guerra, que aparte de su
significado real, se interpreta como un premio mayor a los genocidas del período
dictatorial.
Muchos argumentos brotan de La Moneda para justificar la adquisición, pero lo
fundamental es una inversión de 650 millones de dólares, más 250 millones de
intereses, para estimular la carrera armamentista y borrar todo lo avanzado a
nivel regional en favor de la paz.
En total, serán 1 100 millones de dólares dedicados a la guerra, mientras los
chilenos sufren las consecuencias del desempleo y de los problemas de la
pobreza, salud, educación, delincuencia, vivienda, etcétera.
Inconsecuencia oficial que se añade al silencio y dejar hacer para que no se
"complique" la gestión gubernamental, que no pretende lastimar ni con el "pétalo
de una rosa" a conocidos criminales, en tanto compra tanques y descuida el
presupuesto anual de educación, entre otras esferas de beneficio al pueblo.
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