Derechos humanos y democracia: El reto de la impunidad
Discurso del Secretario General de Amnistía Internacional Pierre Sané durante su
misión a Chile del 1º
al 6 de octubre del 2000
FUENTE: http://web.amnesty.org/library/
AI INDEX: AMR 22/022/2000 30 NOV 2000
FECHA: Octubre del 2000
Estimados amigos:
Deseo en primer lugar manifestar mi agradecimiento a la Sección Chilena de
Amnistía Internacional como anfitriona de mi delegación y por organizar esta
conferencia.
Nos encontramos en estos momentos en Chile para reiterar nuestra solidaridad con
las víctimas de violaciones de derechos humanos y con la comunidad de defensores
de esos derechos. Los miembros de Amnistía Internacional en todo el mundo, no
les quepa la menor duda, siguen centrando su atención y energías en la evolución
de la situación de los derechos humanos en Chile. Esta semana, nuestra Sección
en Uruguay organizó una protesta pública cuando el buque-escuela «Esmeralda» de
la Armada Chilena fondeó en Montevideo. De hecho, Amnistía Internacional y otros
grupos que se ocupan de la defensa de los derechos humanos llevan centrando
sobre este buque insignia de la Armada sus protestas públicas desde hace ya más
de quince años. Y seguirán haciéndolo hasta que se levante el velo de la
impunidad que aún cubre Chile. Entonces, y sólo entonces, podrá este buque que
fue centro de tortura ser un verdadero embajador de la buena voluntad de este
país.
La Iglesia Católica de Santiago invitó hace casi veintidós años, el 25 de
noviembre de 1978, a uno de mis predecesores, Martin Ennals, a participar en un
Simposio Internacional que se celebró aquí, en Santiago, sobre el tema de la
dignidad del hombre, sus derechos y obligaciones en el mundo de hoy. En aquel
Simposio se adoptó la «Carta de Santiago de Chile», en la que se formulaba un
llamado a todos los hombres y mujeres para que afirmasen y defendiesen sus
propios derechos y su dignidad, para que respetasen los derechos de los demás, y
se apelaba a la conciencia del pueblo recordándole que la paz sólo se puede
construir sobre los cimientos de la justicia.
Todo ser humano tiene derecho a ser persona, concluía la Carta de Santiago.
Aquel Simposio se celebraba para conmemorar el trigésimo aniversario de la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
Resulta irónico que ese mismo año se promulgase la infame Ley de Amnistía, un
decreto mediante el que se intentaba imponer no solamente la impunidad, sino
también imponer una amnesia colectiva para todos los crímenes que contra los
derechos humanos había cometido la junta militar de Augusto Pinochet.
Veinte años después, en 1998, la comunidad internacional conmemoró el
quincuagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Gobiernos, grupos, instituciones, y organismos internacionales de todo el mundo
se detuvieron un momento a reflexionar sobre los logros y fracasos en este
terreno. Y el balance de resultados fue desigual. Por un lado, se constató la
existencia de violaciones masivas de los derechos humanos en conflictos armados,
genocidio, persistencia de la discriminación por motivos de raza y género,
pobreza extenuante, y el reino de la impunidad. Por otro, se verificó el
desarrollo y fortalecimiento de los instrumentos internacionales, el crecimiento
del movimiento en pro de los derechos humanos por doquier, una mayor conciencia
entre las gentes de los derechos inherentes a su condición de seres humanos, el
repliegue de las dictaduras, y el fin del apartheid.
El año 1998 marcó también un hito en la lucha en favor de los derechos humanos
por dos eventos que han asestado un considerable golpe al combate contra el
reino de la impunidad:
* la adopción en Roma, en julio de 1998, del Estatuto de la Corte Penal
Internacional, y
* la detención de Augusto Pinochet Ugarte en octubre de ese año.
Estos dos hechos nos han permitido dar un salto en nuestra lucha contra la
impunidad y recolectar la cosecha de años y años de campaña en pro de una
justicia internacional. Ante el próximo establecimiento de la Corte Penal
Internacional, los criminales de guerra y los que cometen crímenes contra la
humanidad no encontrarán lugar donde esconderse. Con la detención de Augusto
Pinochet han quedado ya sentadas las bases para que la tortura sea considerada
un crimen internacional, para que los jefes de Estado no sean ya inmunes al
procesamiento cuando están implicados en la comisión de tales actos, y para que
las leyes nacionales de amnistía no puedan contraponerse a las obligaciones de
otros Estados.
Se han esgrimido diversos argumentos contra los derechos de las víctimas a
buscar y recibir justicia, especialmente en países en procesos de transición de
la guerra a la paz o de un régimen autoritario a un sistema de gobierno civil.
Estamos ya familiarizados con todos esos argumentos: que la búsqueda de la
justicia pone en peligro el frágil proceso de paz (por ejemplo en Palestina o en
Bosnia), que con ella se hace peligrar la reconciliación (por ejemplo en
Sudáfrica), que supone también una amenaza para la consolidación de la
democracia (por ejemplo en Chile en los últimos tiempos), que socava la
transición y proyecta negras sombras sobre el camino hacia el futuro. De ahí se
pasa a los llamados a amnistías generales (como en el Acuerdo de Paz de Sierra
Leona, o en las leyes de Punto Final y Obediencia Debida de Argentina) o a
afirmaciones como: «Déjennos mirar al futuro para que sea posible», «lo pasado,
pasado está», «olvidemos y perdonemos», etc. Todos estos argumentos no se
traducen en otra cosa que en «dejen que criminales y saqueadores queden libres»,
«enterremos el pasado y olvidemos el sufrimiento de las víctimas».
Pero yo les pregunto ahora: ¿Cómo puede uno perdonar si no es reconocido como
víctima? ¿Cómo puede uno olvidar si no conoce las circunstancias exactas, si
desconoce la verdad de los hechos? ¿Cómo puede uno olvidar si no sabe quién es
el responsable individual y así poder perdonarlo, o qué debe olvidar? Yo
pregunto: ¿Cómo puede una sociedad construir su futuro si entierra las deudas
del pasado? ¿Cómo puede escribirse la Historia si no se establecen los hechos
sin ambigüedades? ¿Cómo va a impedirse que la historia se repita si no se han
erradicado las causas de las injusticias de las afrentas del pasado? ¿Cómo se
puede tener paz sin justicia? ¿Cómo puede construirse una sociedad justa sobre
los cimientos de las injusticias del pasado?
Inherente a todas las normas internacionales de derechos humanos es la realidad
de que son los gobiernos los responsables de la protección de los derechos
humanos.
En ocasiones las personas tienen la impresión de que son las organizaciones de
solidaridad, o los abogados o comités de familiares de organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos las que tienen la responsabilidad de
proteger los derechos humanos... y que los gobiernos son sólo responsables de
violarlos. ¡Pero no es así como las cosas deberían ser!
En el derecho internacional, los gobiernos son los responsables de la protección
de sus ciudadanos, de proteger sus derechos. Son los gobiernos los responsables
de redactar y aplicar las leyes sobre derechos humanos. Son ellos los
responsables de promover los derechos humanos en sus países. Ellos son los
encargados de vigilar que se cumplan esos derechos dentro de sus fronteras.
Responsables son de investigar los presuntos abusos que contra tales derechos se
puedan cometer en sus territorios. Como son también los encargados de poner en
manos de la justicia a los responsables de los abusos.
Y quiero subrayar ahora el carácter internacional de estas responsabilidades.
En la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos que se celebró en Viena en
1993, por primera vez a tal escala, se abordó la cuestión de la impunidad. La
Conferencia alentó a la Comisión de Derecho Internacional a proseguir con sus
trabajos sobre un tribunal penal internacional. Apoyó también los esfuerzos de
la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por analizar todos los
aspectos de la cuestión de la impunidad. Y en el caso de la tortura y de las
«desapariciones» forzadas, pidió específicamente que se procesase a todo el que
se encontrase que era responsable de tales abusos.
Acabar con la impunidad de los responsables de violaciones graves de los
derechos humanos, declaró la Conferencia, aportaría una base firme para el
imperio de la ley.
En opinión de Amnistía Internacional, existe un vínculo obvio entre las
violaciones continuadas de los derechos humanos y el fenómeno de la impunidad.
De hecho, la impunidad es el elemento determinante que permite que violaciones
esporádicas lleguen a convertirse en una pauta sistemática de abuso. La batalla
contra las violaciones graves de los derechos humanos sólo podrá ganarse si se
ataja eficazmente este problema.
La impunidad, que literalmente significa quedar exento de castigo, tiene muy
graves repercusiones en la propia administración de justicia. La adecuada
investigación de los abusos de derechos humanos es esencial si la estructura de
la justicia ha de respetarse y mantenerse. Poner a los autores de tales hechos
en manos de la justicia no sólo es importante cuando afecta a un caso concreto,
sino que además transmite un claro mensaje de que las violaciones de los
derechos humanos no se tolerarán y que a quienes cometan tales actos se los hará
rendir cuentas plenamente.
Pero en este asunto hay una dimensión que va más allá del aspecto teórico. Las
víctimas, sus familiares y la sociedad en general tienen todos un interés vital
en conocer la verdad sobre los abusos que se cometieron en el pasado y en la
clarificación de los crímenes que se perpetraron contra los derechos humanos y
que están sin resolver.
Pienso ahora en los familiares de los centenares de chilenos «desaparecidos».
Aún desconocen el paradero y la suerte que corrieron sus seres queridos.
Pienso también en los familiares de la multitud de personas que han
«desaparecido» bajo custodia militar o policial en el norte de Sumatra. Al igual
que sus semejantes de Timor Oriental, tampoco ellos tienen ni idea de lo que les
ha ocurrido a sus seres queridos, y el gobierno indonesio parece que, no sólo
permite a sus fuerzas de seguridad que actúen de este modo con impunidad, sino
que además parece gozar él mismo de impunidad en el contexto de la comunidad de
naciones.
Podría seguir citando familiares en estas circunstancias en países de todo el
mundo, desde Perú a El Salvador, pasando por Mauritania, hasta China, todos los
cuales podrían venir aquí, si ello fuera posible, para contarles a ustedes las
consecuencias de las penalidades que sufren y que temen que sus hijos, hijas,
esposos y esposas hayan padecido... mientras que los responsables siguen gozando
de impunidad.
No importa cuánto tiempo hace que se cometieron estos crímenes o adónde huyeron
sus autores. Según el derecho internacional, los Estados que encuentren a esas
personas en sus territorios tienen la obligación de procesarlos o de lo
contrario extraditarlos a un país que pueda hacerlo.
En los áridos años transcurridos desde los juicios por crímenes de guerra ante
los tribunales de Nuremberg y Tokio, los gobiernos rara vez pusieron en práctica
estos nobles principios. En estos momentos en que la opinión pública presiona a
los gobiernos se vislumbra una luz de esperanza para la creación de un mejor
sistema de justicia internacional.
Una ola de indignación inunda el planeta. En todo el mundo los ciudadanos están
diciendo a sus gobiernos que hay que poner fin a la impunidad. Les dicen que los
Estados, trabajando codo a codo en las Naciones Unidas, deben materializar
finalmente estos elevados principios de la justicia internacional. En el
movimiento pro derechos humanos sabemos que aún nos quedan por ganar varias
batallas para acabar con la impunidad y para salvar la distancia que separa a
esos principios de la realidad.
Me gustaría sugerirles que, para acortar esa separación, el movimiento pro
derechos humanos se empeñe en ganar tres batallas fundamentales.
La primera es la batalla por la identidad.
Se trata de una batalla por la preservación de la identidad individual o la
identificación de las víctimas. Y ello porque sabemos que una víctima es mucho
más que un mero dato estadístico o una categoría sociológica. Una víctima es un
ser humano. Y a muchas de las víctimas, la muerte ni siquiera les confiere la
dignidad humana elemental de ser llamadas por su nombre o de recibir un entierro
digno.
En Chile, por ejemplo, se tiene constancia de la existencia de más de un millar
de víctimas de «desaparición». En la mayoría de los casos se desconoce su
paradero y muchos de los autores siguen en la sombra. Y aun cuando se los saca a
la luz, todavía pueden seguir disfrutando de impunidad. Hubo cientos de muertos
por ejecuciones y como resultado de torturas, millares de víctimas de tortura de
cuyos nombres ni siquiera quedó constancia en el Informe Rettig, sólo porque
tuvieron la suerte de sobrevivir a su martirio y a quienes numerosos casos aun
carecen de reconocimiento de sus derechos ciudadanos, del derecho al trabajo y
del derecho a la salud.
Éste es el motivo por el que, para Amnistía Internacional, la batalla contra la
impunidad no es una guerra de cifras, por mucha importancia que ello pudiera
tener. La batalla contra la impunidad comienza nombrando a las víctimas...
Víctimas como Nalvia Rosa Alvarado, que, estando embarazada, «desapareció» en
abril de 1976; Guillermo Beausire, que también despareció en noviembre de 1974;
víctimas como Pablo Arturo Fuenzalida, torturado en 1981; Germán De Jesús Cortés
Rodríguez, torturado y muerto en 1981, Bernarda Santelices Díaz, torturada en
1978; José Emiliano Balboa, de 78 años, «desaparecido» en 1973; Cecilia Bottai,
torturada en 1975; víctimas como la pareja Carmen Cecilia Bueno y Jorge Hernán
Muller, ambos «desaparecidos» en 1974; y tantos y tantos más...
La segunda es la batalla contra el olvido.
«Olvidemos el pasado», exigen los perpetradores de los crímenes cometidos contra
los derechos humanos. Pero, ¿Cómo vamos a olvidar a los «desaparecidos» durante
los años en que gobernó el régimen militar en Haití? ¿Es que tenemos que olvidar
que los torturadores y violadores haitianos aún siguen libres?
El olvido de los crímenes no es de lo que trata la justicia.
La tercera es la batalla por que se rindan cuentas.
No cabe duda de que, si queremos acabar con la impunidad, a los responsables de
crímenes contra los derechos humanos se los debe hacer rendir cuentas plenamente
por sus delitos ante los tribunales de justicia. En todas partes.
Ganar estas batallas es la mejor contribución que el movimiento en favor de los
derechos humanos puede hacer al avance de la democracia. Tomemos, por ejemplo,
el caso de Chile. A estas alturas todo el mundo debería tener claro ya que la
impunidad de que gozaba Augusto Pinochet no era sino el mayor obstáculo para la
democracia en este país: hacía que la justicia fuera imposible o que la posible
justicia que se hiciera fuera patéticamente exigua. Hacía de las Fuerzas Armadas
el árbitro intocable, irresponsable, de la vida política. Sofocaba el debate
político e imponía la autocensura. Y, lo más importante, cohibía a Chile como
país en el ámbito internacional.
El arresto y detención de Augusto Pinochet en Londres, lejos de constituir una
amenaza para la transición chilena, supuso de hecho la supresión de este
importante obstáculo para la democracia plena. Las elecciones presidenciales que
se habían previsto se celebraron con total normalidad. Las víctimas comenzaron a
recobrar su dignidad y autoestima. De víctimas olvidadas pasaron a ser activos
agentes de pleno derecho en la transición, empleando el espacio judicial para
ejercer su derecho a la justicia. La Mesa de Diálogo estableció claramente que
el asunto Pinochet era una cuestión de derechos humanos más que un tema
político, que para su resolución se requería el diálogo con las víctimas y con
las organizaciones de derechos humanos, y que los militares disponían de acceso
a información sobre la suerte de los «desaparecidos». Que nadie se engañe, sin
la detención de Pinochet, no se habría constituido nunca una Mesa de Diálogo. En
la actualidad, las cortes de justicia de Chile han reafirmado su independencia y
el país está recuperando su prestigio internacional, incluyendo el ganar premios
en campeonatos de fútbol. Sin embargo, la positiva actitud que impera hoy en el
país, su renovada energía, siguen aún chocando contra los muros de otros muchos
obstáculos para la democracia. Pero no nos confundamos, el procesamiento de
Augusto Pinochet no cerrará un capítulo de la historia de Chile. No es más que
el principio de un nuevo capítulo en el que todos juntos habremos de salvar los
restantes obstáculos hacia la democracia. Tenemos que abrir y destruir la tenaza
que todavía los militares ejercen sobre la administración de justicia y pasar el
sistema de justicia por el tamiz de la democracia. Deben abolirse las leyes de
amnistía. Hay que erradicar de la vida institucional del país la desacreditada
Doctrina de Seguridad Nacional, de la que tanto se ha abusado. Esto es
responsabilidad del gobierno, de todos los partidos políticos, de la judicatura,
de las Fuerzas Armadas, de la sociedad civil, incluyendo al pueblo mapuche, así
cómo la clase empresarial, y de la comunidad internacional. Además, permítanme
hoy asegurarles que Amnistía Internacional seguirá trabajando junto a las
víctimas. Éste es el motivo de que hoy estemos aquí: para renovar nuestro
compromiso con la verdad y la justicia para todos en Chile.
Quisiera también enfatizar sobre la responsabilidad de las empresas. En todo el
mundo, la comunidad empresarial se asegura a si misma de contar con todas las
libertades necesarias para operar libremente. Las empresas son un muy poderoso
componente de la sociedad actual. Con un poder que proviene de sus
responsabilidades. Responsabilidad de respectar los derechos de los
trabajadores, de proteger los derechos de las comunidades donde ellos operan y
la responsabilidad de promover todos los derechos humanos junto a los Gobiernos.
Esto no es política. Es una obligación legal y moral.
Como dijo Mary Robinson, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU:
"resolver con éxito el reto que para las empresas suponen los derechos humanos
será un factor crucial para el éxito empresarial tanto en el nivel nacional como
en el internacional en años venideros.
La verdadera democracia ha de fundarse sobre el consenso de que es deber de
todos el respetar, proteger y cumplir todos los derechos fundamentales y
necesidades existenciales. Un consenso que sitúa los derechos humanos por encima
de la política y más allá de las divisiones de clase. Un consenso que, en última
instancia, debe incluir a las Fuerzas Armadas, siempre que reconozcan los
errores del pasado y se disculpen ante la nación. Lo que deben decir es esto:
«Nos equivocamos. Pedimos perdón, sí, PER-DÓN. Siempre que acepten, como en las
demás democracias, una función de verdadera responsabilidad ante la ciudadanía.
Siempre que acepten que la jurisdicción militar sólo habrá de aplicarse a los
delitos de carácter militar, como la indisciplina o la deserción. Siempre que
acepten que las personas están dotadas de conciencia y que, consecuentemente,
tienen derecho a negarse a realizar el servicio militar. Siempre que sean
capaces de desarrollar unos valores militares que no se basen nunca más en la
desacreditada Doctrina de Seguridad Nacional, de la que tanto se ha abusado,
valores que además asuman los principios de derechos humanos y del derecho
humanitario. Todo ello para que los 30.000 jóvenes que cada año realizan el
servicio militar puedan desarrollarse como ciudadanos conscientes de sus
derechos y deberes.
Ese consenso debe construirse en torno a una visión universal de los derechos
humanos y articularse en un Plan Nacional de Acción que abra el camino hacia el
futuro. Entonces, y sólo entonces, podrá el «Esmeralda» surcar orgullosamente
los mares y ser recibido en todo el mundo con vítores en su condición de buque
insignia de un país verdaderamente democrático y de una sociedad justa.
Al igual que Salvador Allende dijo el 11 de septiembre de 1973: «tengo fe en
Chile y su destino».
Muchas gracias.
