|
| |
Carta de Patricia Woodward al Secretario General del Consejo de Europa
15 de mayo del 2003
Sr. D. Walter Schwimmer
Secretario General
Consejo de Europa
67075 Strasbourg Cedex
FRANCIA
Estimado Sr. Schwimmer:
Quisiera dirigir su atención a las decisiones de cuatro de sus países miembros,
autorizando la visita a sus puertos durante el verano próximo de la Esmeralda -
buque escuela que fue escena de asesinato y tortura sistemática por agentes del
Estado chileno tras el golpe militar chileno en septiembre de 1973. Entre las
victimas estaba mi hermano, Michael Woodward, sacerdote con doble nacionalidad -
británico y chileno - que fue torturado y asesinado en la Esmeralda
Considero la autorización de la visita de la Esmeralda por esos cuatro estados
miembros una afrenta a la memoria de los que sufrieron en ese barco. Creo que
las decisiones que han tomado, de permitir la visita de la Armada chilena a sus
territorios, son degradantes tanto para las victimas de la Esmeralda como para
sus familiares. Como tal, constituye una contravención del Convenio Europeo para
la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales cuyo Artículo 3
señala que:
"Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes"
Creo, además, que el derecho a protección contra tal tratamiento será vulnerado
si se permite la realización de la visita del buque.
Los cuatro países que serán visitados por la Esmeralda son Francia, Alemania,
España y el Reino Unido. Se han anulado visitas a otros dos países, Suecia y
Holanda, tras las protestadas despertadas al respecto. Entiendo que en cada caso
el gobierno chileno pidió formalmente autorización para la visita, dándole así
un carácter oficial. Llama la atención que algunos de estos países han anunciado
que presentarán ofertas dentro de los próximos meses para la construcción de
tres fragatas para la Armada chilena.
Los crímenes perpetrados en el buque escuela Esmeralda fueron reconocidos por la
Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) en 1991 en los
siguientes términos:
"En el caso del Buque Escuela Esmeralda las investigaciones practicadas por esta
Comisión permitieron comprobar que una unidad especializada de la Armada se
instaló en su interior con el objeto de interrogar los detenidos que se
encontraban en la misma nave y a los que eran traídos de otros recintos de
reclusión de la Armada. Esos interrogatorios, por regla general, incluían
torturas y malos tratos."
Las conclusiones de la Comisión fueron formalmente aceptadas por el entonces
Presidente de la República Patricio Aylwin. Sin embargo, sucesivos Comandantes
en Jefe de la Armada han negado estas conclusiones. Los gobiernos democráticos a
quienes debían, y deben, obediencia, no les han requerido ninguna rectificación
de sus declaraciones y no han tomado ninguna medida con el fin de investigar y
llevar a juicio tales crímenes - desafiando su obligación en ese sentido de
cumplir con el Artículo 84 del Código de Procedimiento Penal de Chile.
Además, el gobierno chileno no ha cumplido con sus obligaciones ante el Convenio
Inter-americano de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio de Naciones Unidas
contra la Tortura y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Todos ellos requieren la realización de investigaciones expeditas y efectivas
pero, al cabo de 30 años, los responsables de estas atrocidades siguen sin
identificar e impunes.
El gobierno chileno informó al gobierno británico que la investigación de las
violaciones a los derechos humanos es una asunto que los tribunales de justicia
deben resolver y que el papel del gobierno es de asegurar que los tribunales
tengan el grado de libertad y de independencia que necesitan para garantizar su
funcionamiento de forma debida. Por lo tanto, de buena fe, presenté en las
Cortes de Valparaíso una querella referente a la muerte de mi hermano por
genocidio (por motivos religiosos), terrorismo de estado, secuestro, tortura y
asesinato.
Tras más de un año, sin embargo, existen pruebas concluyentes, adjuntas, que el
propio gobierno ha obstruido el funcionamiento debido de la justicia. La agencia
oficial de derechos humanos de Chile ha engañado a mi abogado con relación a la
disponibilidad de ciertas pruebas y ha ocultado el hecho de que los archivos de
la Comisión Rettig han sufrido pérdidas o daños como resultado de negligencia o
de una manipulación extra-judicial. Además, el gobierno no se ha asegurado que
la jueza investigadora tenga los recursos necesarios para cumplir con sus
responsabilidades.
Con relación a los desmentidos de las autoridades navales, la connivencia del
gobierno chileno en los mismos constituye contumacia de las investigaciones que
se llevan a cabo actualmente, con relación a la muerte de mi hermano, por parte
de la Ministro del Fuero Gabriela Corti en Chile (Auto 1 891-01). Además, van en
contra de los objetivos del Sumario 19/97 iniciado por el juez Baltasar Garzón
en España, con el apoyo unánime del Pleno de la Sala Quinta de la Audiencia
Nacional, del cual el caso de mi hermano hace parte.
Al autorizar la visita de la Esmeralda, el gobierno británico expresó su deseo
de que las autoridades chilenas mostrasen sensibilidad ante los sentimientos de
los familiares de las víctimas. No es probable que este deseo se cumpla. El
buque ya ha zarpado de Chile y en los primeros puertos de América Latina donde
ha calado, sus oficiales se han mostrado desdeñosos de los manifestantes que han
protestado su presencia y han negado que se torturó a bordo del buque. Sigue,
por lo tanto, la trayectoria de sus cruceros anteriores tal como aquel que lo
llevó a Canada en el año 2000 donde el Capitán de la Esmeralda me llamó
mentirosa en la prensa nacional y el embajador de Chile se negó a reconocer las
conclusiones del Informe Rettig.
Por estos motivos le ruego que trate el asunto con los gobiernos de Francia,
Alemania, España y Reino Unido. Pido, además, que considere la posibilidad de
formular recomendaciones en el sentido de que las decisiones tomadas que
autorizaron tales visitas sean consideradas como tratamiento degradante, tal
como se define en el Artículo 3 del Convenio para la Protección de los Derechos
Humanos y Libertades Fundamentales, en lo referente a los familiares de las
victimas y de las propias victimas que ahora residen en esos países y, además de
recomendar que cada uno de dichos países debería reconsiderar su política a este
respeto y rescindir su autorización para la visita.
Le saluda atentamente,
Patricia Woodward Bennetts
Anexo: "La Esmeralda -
Crimen e Impunidad"
Copia:
Sr. D. Alvaro Gil-Robles
Commisionado de Derechos Humanos
Consejo de Europa
|
