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Chile: Hay que cumplir los compromisos
FUENTE: Amnistia Internacional -Servicio de Noticias 161/01, Indice: AMR 22/13/01/s
FECHA:
11 de septiembre del 2001
La visita que el presidente de Chile, Ricardo Lagos, realizará hoy (28
aniversario del golpe de Estado militar en su país) al Reino Unido debe servir
para recordar a los gobiernos de ambos países las promesas realizadas
anteriormente por el gobierno chileno respecto a que en Chile es posible otorgar
justicia a las víctimas (incluidas las de ciudadanía británica) de los crímenes
cometidos durante el régimen militar de Augusto Pinochet; esto es lo que ha
declarado hoy Amnistía Internacional.
La organización de derechos humanos ha dicho: «Esta reunión brinda al gobierno
del Reino Unido la oportunidad de pedir garantías de que el gobierno chileno
cumplirá las expectativas legítimas de las víctimas de violaciones graves de
derechos humanos y de sus familiares, que piden que se desvele la verdad y se
haga justicia». Las violaciones de derechos humanos cometidas durante el
gobierno militar de Augusto Pinochet constituyen crímenes contra la humanidad
que incumben a la comunidad internacional.
Amnistía Internacional cree que tanto el Reino Unido como la comunidad
internacional tienen la obligación de contribuir a que se ponga fin a los casos
de tortura, «desaparición» y otras violaciones graves de derechos humanos.
Además, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de ayudar a
garantizar que las familias de las víctimas tienen el acceso a la verdad y la
justicia que se les ha negado a pesar de sus 28 años de campaña.
Aunque, tras la detención de Augusto Pinochet en el Reino Unido en octubre de
1998 y su regreso a Chile en marzo del 2000, en Chile se han tomado decisiones
judiciales importantes, los principales bastiones de la impunidad que ha
obstaculizado la justicia y la verdad en el país siguen en pie.
Amnistía Internacional ha declarado: «Para conseguir que se haga realmente
justicia y se desvele toda la verdad en Chile, el gobierno debe eliminar los
obstáculos que han obstruido el camino durante los últimos 28 años». De entre
estos obstáculos destaca la Ley de Amnistía (Decreto Ley Núm. 2191 de 1978), que
debe ser declarada nula. También es preciso reducir la amplia jurisdicción
otorgada a los tribunales militares y excluir de ella las violaciones de
derechos humanos.
Amnistía Internacional pide asimismo que se protejan frente a la aplicación de
la Ley de Amnistía o la intervención de los tribunales militares todas las
investigaciones judiciales contra los responsables de las graves violaciones de
derechos humanos cometidas durante el gobierno militar de Augusto Pinochet
(1973-1990). Los procedimientos judiciales deben llevarse a cabo de forma
imparcial y transparente. Debe mantenerse la independencia del poder judicial y
debe garantizarse que las decisiones judiciales están libres de toda injerencia
política.
Las conclusiones combinadas de dos comisiones creadas tras el retorno al
gobierno civil hablaban de más de 3.000 casos de «desaparición», ejecución
extrajudicial y muertes a consecuencia de tortura. Esta cifra no incluía los
miles de personas que sufrieron tortura durante el gobierno militar de Augusto
Pinochet y sobrevivieron a su tormento.
Desde el regreso de Augusto Pinochet a Chile, la lucha contra la impunidad por
crímenes contra la humanidad se ha centrado en este país. El gobierno chileno
aún tiene que cumplir su compromiso de llevar la verdad y la justicia a Chile.
El aniversario que se celebra este año del golpe de Estado militar que llevó al
poder al general Pinochet, con su enorme cantidad de crímenes, debe recordar al
gobierno chileno su deber de cooperar plenamente para conseguir que en Chile
imperen la verdad y la justicia y se haga realidad la reconciliación, ha
declarado Amnistía Internacional.
Información general
Entre las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante el
gobierno militar había ciudadanos británicos. Entre ellas se encontraban William
Beausire, anglochileno que «desapareció» en noviembre de 1974 y cuyo paradero
aún se desconoce, y el padre Michael Woodward, sacerdote católico que murió a
consecuencia de la tortura en el buque «Esmeralda» en 1973.
El 9 de julio de 2001, alegando motivos de salud, la Sala Sexta de la Corte de
Apelaciones de Santiago dictó un sobreseimiento temporal de los procedimientos
judiciales entablados contra Augusto Pinochet por el caso de la «Caravana de la
Muerte», una operación militar que tuvo lugar en octubre de 1973 y que se saldó
con 75 víctimas de homicidio o «desaparición». Los tribunales han rechazado la
mayoría de las acciones legales subsiguientes presentadas por los abogados que
representan a los familiares de las víctimas y por el Consejo de Defensa del
Estado. Sin embargo, la Corte Suprema ha admitido una acción legal, y se espera
que anuncie su decisión en los próximos tres meses.
Uno de los obstáculos para llevar a Augusto Pinochet ante la justicia en Chile
era su inmunidad como senador vitalicio. Esta inmunidad se anuló a raíz de los
procedimientos judiciales iniciados por familiares de las víctimas de la
«Caravana de la Muerte». Recientemente, un juez chileno denegó la petición de un
juez argentino de que se detuviera a Augusto Pinochet en espera de una solicitud
de extradición por violaciones de derechos humanos cometidas en Argentina y
Chile, y justificó su negativa amparándose en la inmunidad de Augusto Pinochet
como senador vitalicio. Según dijo, la anulación de la inmunidad se aplicaba
únicamente al caso de la «Caravana de la Muerte».
En los tribunales chilenos hay pendientes más de 250 querellas contra Augusto
Pinochet y otros ex miembros de las fuerzas armadas. Varios ex miembros de las
fuerzas armadas se enfrentan también a procedimientos judiciales ante tribunales
civiles, acusados de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.
Los crímenes contra la humanidad cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y
el 10 de marzo de 1978 están protegidos por la Ley de Amnistía (Decreto Ley 2191
de 18 de abril de 1978) promulgada por Augusto Pinochet, entonces presidente de
la República de Chile. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
declarado que la Ley de Amnistía chilena es incompatible con las obligaciones
contraídas por el Estado de Chile en virtud del derecho internacional, y ha
considerado que los efectos de esta ley formaban parte de una política general
de violaciones de derechos humanos en Chile. (Véase Chile: Informe en derecho
sobre la imcompatibilidad del Decreto Ley Nº 2191 de 1978 de Chile con el
derecho internacional, Índice AI: AMR 22/002/2001/s, de enero de 2001).
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